La rendición de INTRANT y DIGESETT ante la arrogancia dictatorial de la Alcaldía de Santo Domingo Este

En un desafío a toda lógica jurídica y que pone en jaque el orden institucional de la República Dominicana, la Alcaldía de Santo Domingo Este ha decidido proclamarse un feudo autónomo, por encima de las leyes nacionales que rigen el tránsito y la movilidad en el país. Con una actitud que roza lo dictatorial, el alcalde Dío Astacio ha sostenido que las normativas establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) no aplican en su municipio, amparándose en una supuesta «autonomía municipal» que, según él, le otorga carta blanca para ignorar el marco legal vigente. Esta postura no solo es una aberración jurídica, sino un reflejo del colapso de autoridad de INTRANT y DIGESETT, cuya pasividad frente a este desafío ha dejado a Santo Domingo Este sumido en un caos institucional y vial.

Una autonomía malentendida: Las leyes que desmienten a la Alcaldía

La Alcaldía de Santo Domingo Este basa su rebeldía en una interpretación torcida del artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que reconoce la autonomía de los ayuntamientos en la gestión de sus intereses locales. Sin embargo, esta autonomía no es un cheque en blanco para violar leyes nacionales ni para desafiar instituciones rectoras como INTRANT y DIGESETT. La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es inequívoca: en su artículo 7 crea a INTRANT como el «organismo rector, nacional y sectorial» encargado de regular todo lo relacionado con el tránsito y el transporte terrestre en el territorio dominicano, sin excepciones geográficas ni administrativas. Esto incluye a Santo Domingo Este, por más que su alcaldía pretenda erigirse en un estado soberano.

El artículo 12 de la misma Ley 63-17 refuerza esta autoridad al establecer que INTRANT tiene la potestad de «diseñar y adoptar» planes de acción en coordinación con DIGESETT y otras entidades, incluyendo las alcaldías, para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Más aún, el artículo 15 asigna a DIGESETT la función de «fiscalizar y controlar» el cumplimiento de estas normativas en todo el país, sin que ningún municipio pueda eximirse de su jurisdicción. La Ley 176-07, en su artículo 21, también aclara que las competencias municipales (como el ornato o la limpieza) no incluyen la regulación del tránsito, que es una atribución exclusiva del Estado central a través de INTRANT y DIGESETT. Pretender que la autonomía municipal prevalece sobre estas disposiciones es un disparate jurídico que la Alcaldía de Santo Domingo Este ha convertido en su bandera.

La vergonzosa inacción de INTRANT y DIGESETT

Frente a esta insubordinación abierta, la respuesta de INTRANT y DIGESETT ha sido un silencio ensordecedor y una pasividad que raya en la complicidad. Mientras la Alcaldía instala contenedores de basura en vías públicas sin согласовación alguna, obstruyendo el tránsito y violando las normas de seguridad vial, INTRANT —el supuesto «rector nacional»— no ha emitido más que tibias declaraciones burocráticas. DIGESETT, por su parte, se limita a operativos rutinarios que no enfrentan el desafío estructural que representa esta alcaldía rebelde. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la coordinación obligatoria que la Ley 63-17 les exige con los gobiernos locales? La debilidad institucional de estas entidades en Santo Domingo Este es alarmante: parecen haber cedido su autoridad a un alcalde que actúa como si las leyes nacionales fueran opcionales.

Esta inacción no es solo un problema de voluntad, sino de capacidad. En Santo Domingo Este, un municipio con más de un millón de habitantes y una caótica dinámica vial, la presencia de DIGESETT es insuficiente y desorganizada. Los agentes, mal capacitados y con recursos limitados, apenas logran lidiar con infracciones menores, mientras la Alcaldía impone sus propias reglas sin rendir cuentas. INTRANT, por su lado, ha fracasado en implementar un plan integral de movilidad que obligue a los ayuntamientos a alinearse con las políticas nacionales. La Ley 63-17 les da el mandato y las herramientas, pero ambas instituciones parecen paralizadas, dejando que Santo Domingo Este se convierta en un laboratorio de anarquía urbana.

Las consecuencias: Un municipio al borde del abismo

El resultado de esta pugna es devastador. Calles bloqueadas por decisiones arbitrarias, un tránsito que se deteriora día a día y una ciudadanía atrapada entre la prepotencia de su alcaldía y la impotencia de las autoridades nacionales. La declaración de la principal figura del ayuntamiento contestando a la prensa sobre lo expuesto por «DIGESETT , no solo es una falsedad legal —la Ley 63-17 subordina a los ayuntamientos a las políticas de INTRANT—, sino una provocación que exige una respuesta contundente.

Cada día que INTRANT y DIGESETT permiten esta insubordinación, pierden legitimidad y abren la puerta a que otros municipios sigan el ejemplo.

Es hora de que INTRANT despierte de su letargo y ejerza su rol como rector nacional, imponiendo sanciones y coordinando con DIGESETT una intervención firme en Santo Domingo Este. La Ley 63-17 les otorga la autoridad para suspender actos municipales contrarios a las normas de tránsito (artículo 18) y para exigir cumplimiento mediante acciones legales. DIGESETT, debe dejar de ser un espectador y usar su poder de fiscalización para desmantelar las violaciones flagrantes que la Alcaldía perpetra. La autonomía municipal no es un escudo para la dictadura local; es un principio que debe operar dentro del marco legal nacional.

Un llamado a la acción

La pasividad de INTRANT y DIGESETT frente a la actitud dictatorial de la Alcaldía de Santo Domingo Este es una traición a los ciudadanos y al Estado de derecho. No basta con comunicados vagos o promesas vacías; se necesita acción inmediata para restaurar el orden y reafirmar que las leyes nacionales no son negociables. Si estas instituciones no actúan, el precedente que se está sentando en Santo Domingo Este podría fracturar aún más la débil institucionalidad dominicana. El país no puede permitirse más feudos: es hora de que INTRANT y DIGESETT dejen de ser sombras y se conviertan en autoridad. La ley está de su lado; la pregunta es si tienen el valor de usarla.

creado por Multimedios LZO sobre idea de Fernando Buitrago

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